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Sueño Bicentenario: Atletas reclaman beneficios; el Viceministerio detecta irregularidades

Lunes, 20 de julio de 2026 a las 18:09
Sueño Bicentenario: Atletas reclaman beneficios; el Viceministerio detecta irregularidades
La raquetbolista Angélica Barrios denunció un incumplimiento de beneficios para deportistas. Foto: APG.

Los beneficiarios piden que se cumpla el pago de los últimos tres meses del programa que terminó el 31 de diciembre de 2025. La autoridad señala que se desembolsaron unos 13.000.000 de bolivianos y no hay descargos de gastos.

Un conflicto entre atletas beneficiarios del Programa Sueño Bicentenario y el Viceministerio de Deportes se abrió con las denuncias de los deportistas por incumplimiento en el desembolso de dinero para su preparación y la respuesta de su principal autoridad, Roberto Bustamante, de haberse detectado una serie de irregularidades durante el tiempo de ejecución del mismo.

El Programa Sueño Bicentenario fue creado en el Gobierno de Luis Arce mediante Decreto Supremo 5129 y el deporte fue uno de los beneficiados con desembolsos de dinero para 100 atletas.

El grupo estaba dividido en tres categorías: el de alto rendimiento en el que cada atleta recibía 17.500 bolivianos mensuales, los de la segunda tenían 12.500 Bs; y de talento deportivo, Bs 7.500.

Su duración fue hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los atletas cobraron hasta septiembre del año pasado, con el anterior gobierno, y reclaman los desembolsos de los tres meses restantes.

La denuncia

El viernes de la pasada semana algunos atletas se presentaron en plaza Murillo para denunciar a los medios un incumplimiento y fueron gasificados por la Policía, en el marco del estado de excepción que rige en el país.

La raquetbolista Angélica Barrios declaró este lunes que hace ocho meses vienen reclamando el dinero que falta entregarles y que no les convence la respuesta de Bustamante.

Mostró una nota de Impuestos Nacionales en la que se les indica que del dinero recibido no deben presentar facturas de gastos.

“Se ejecutó el 96% de la ejecución financiera, nos han pagado de abril a septiembre (de 2025), pero fue el anterior gobierno. La nueva autoridad no ha hecho nada, ningún pago ha salido de él”, dijo Barrios.

“Parece peligroso que en la rendición de cuentas no se ponga que tenemos un contrato con vencimiento hasta diciembre de 2025 y, cuando comenzó la gestión, debía solucionar y dar cumplimiento a la deuda que tiene este contrato del estado boliviano”, agregó.

La respuesta

Bustamante respondió y señaló que hay un monto de unos 13.000.000 de bolivianos que fueron entregados a deportistas en el marco de este programa, que no fueron descargados con los debidos respaldos.

“Son recursos sujetos a rendición de cuentas. No es un bono, no es un salario, tampoco es una beca; sino es un incentivo financiero para la preparación de los deportistas que son sujetos a rendimiento y sustento legal de ejecución del gasto”, dijo Bustamante.

Señaló que se hizo una auditoría de confiabilidad al Programa Sueño Bicentenario y concluye que hubo incumplimiento de pasos en su desarrollo.

Por ejemplo, cada beneficiario debía tener un seguimiento de su actividad por un grupo conformado por cuatro personas del Viceministerio de Deporte y de una de la federación del atleta.

Además, después de presentar los descargos, el deportista debía adjuntar un plan de trabajo y programa de actividades del siguiente mes antes recibir el siguiente desembolso.

“Lo que sucedió es un error desde el inicio del programa. Desde el día uno hay observación de la auditoría por incumplimiento del reglamento”, agregó.

Mostró un informe de detalle de gastos de un atleta, pero sin los descargos de facturas o recibos.

“Estamos hablando de más o menos 13 millones de bolivianos que se han invertido en un periodo de un año que no tienen respaldos de descargos”, sostuvo Bustamante.

Contó que sostuvo reuniones con los atletas y les contó en detalle lo sucedido. Asegura que no es su intención perjudicarlos.

Dijo que el programa terminó el 31 de diciembre de 2025 y que corresponde el cierre legal con las correspondientes auditorías “que identificarán responsabilidades de funcionarios y beneficiarios”.

Concluyó con el anuncio de una solicitud para que el Viceministerio de Transparencia intervenga y revise la situación.

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